Sequía, irresuelta pelea del Gobierno nacional con el sector agropecuario, crisis económica internacional con inocultable impacto local, aumento de costos muy por encima del crecimiento de los recursos genuinos: 2009 ha sido para la economía de los municipios bonaerense, fue un año de pesadilla. La situación, que hasta ahora ha sido enfrentada con respuestas coyunturales, como el desdoblamiento del pago de salarios, es de tal gravedad que exigirá, a partir de 2010, la aplicación de una serie de medidas inéditas en la historia reciente de la Provincia de Buenos Aires.
La crisis de las arcas municipales queda expuesta en toda su crudeza a partir de algunos datos económicos duros: al 31 de Noviembre, 98 comunas sobre un total de 134 cerrarán sus ejercicios económicos “en rojo”, un déficit que asciende a los 300 millones de pesos, un 2,1% de los gastos totales de todas las intendencias. Pero además, el Estado provincial deberá asistir a otras 40 localidades con aproximadamente 40 millones de pesos extra para que puedan cerrar el año. Esto es, no ya para alcanzar la lejana meta del equilibrio presupuestario, sino sencillamente para afrontar gastos esenciales, como el pago a empleados y la compra de insumos básicos.
Esos números suponen dificultades concretas a la hora de prestar servicios básicos para la población sobre todo para los sectores de menores recursos; dolores de cabeza para los trabajadores públicos locales, que ya sufren el hecho de ser los peor pagos de todo el universo del empleo estatal; incertidumbre para los proveedores, la mayoría de los cuales son empresas medianas y pequeñas de la misma ciudad y la zona cuyo aporte a la economía local siempre es vital; y dudas acerca de la realización de las obras públicas, al menos de aquellas que dependen para su concreción de la financiación del propio municipio.
Como resulta evidente, se trata de una situación que no se resolverá mágicamente y que está atada a la evolución de variables macroeconómica generales. En ese marco, aún quienes consideran que en 2010 Argentina experimentará una reactivación económica –parte de la cual se comenzó a insinuar en los últimos dos meses-, advierten que la recuperación, si es que finalmente se consolida, será lenta. Los municipios, en ese contexto, no podrán escapar a una situación seguramente angustiante: verán transcurrir varios meses entre el repunte de la actividad y su traducción en el flujo de recursos fiscales genuinos, tanto propios como de origen provincial.
Eso, tras un año que cerrará con una brecha del 2,5% entre la coparticipación de impuestos de origen provincial que había sido presupuestada y la que efectivamente llegará, al 31 de diciembre, a las comunas. Vale aquí, con todo, una aclaración: si a esa cuenta se le suman los dineros de los fondos de Inclusión Social, Fortalecimiento de Municipios y Federal Solidario (sojero), más los socorros de ocasión que suponen los aportes de los tesoros nacional y provincial, las remesas alcanzan los niveles originalmente previstos. De todas formas, vale el dato de que sólo así se alcanza el equilibrio.
LAS MEDIDAS.
Ante esa debacle, comenzarán a aplicarse una serie de medidas inéditas, aprobadas por e conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria esta semana, cuando por primera vez en 10 años, el Presupuesto se sancionó en los plazos previstos por la Ley vigente. En conjunto, cambios drásticos en la forma de administrar las comunas, por una parte, y de nuevos remedios financieros, por la otra.
Cinco son las principales: por un lado, los intendentes podrán cambiar el destino de partidas presupuestarias (siempre que no sean para sueldos ni para gastos de capital) sin consentimiento de los Concejos Deliberantes. También podrán cerrar sus ejercicios con déficit, sin recibir sanciones (para lo cual deberán tener el OK del Tribunal de Cuentas previo informe del Ministerio de Economía), accederán a una refinanciación de deuda con la Provincia (incluso de las que haya contraído con terceros con garantía bonaerense) y podrán otorgar a sus proveedores parte de los bonos voluntarios que, por 850 millones de pesos en total, emitirá la Provincia antes de fin de año.
La crisis de las arcas municipales queda expuesta en toda su crudeza a partir de algunos datos económicos duros: al 31 de Noviembre, 98 comunas sobre un total de 134 cerrarán sus ejercicios económicos “en rojo”, un déficit que asciende a los 300 millones de pesos, un 2,1% de los gastos totales de todas las intendencias. Pero además, el Estado provincial deberá asistir a otras 40 localidades con aproximadamente 40 millones de pesos extra para que puedan cerrar el año. Esto es, no ya para alcanzar la lejana meta del equilibrio presupuestario, sino sencillamente para afrontar gastos esenciales, como el pago a empleados y la compra de insumos básicos.
Esos números suponen dificultades concretas a la hora de prestar servicios básicos para la población sobre todo para los sectores de menores recursos; dolores de cabeza para los trabajadores públicos locales, que ya sufren el hecho de ser los peor pagos de todo el universo del empleo estatal; incertidumbre para los proveedores, la mayoría de los cuales son empresas medianas y pequeñas de la misma ciudad y la zona cuyo aporte a la economía local siempre es vital; y dudas acerca de la realización de las obras públicas, al menos de aquellas que dependen para su concreción de la financiación del propio municipio.
Como resulta evidente, se trata de una situación que no se resolverá mágicamente y que está atada a la evolución de variables macroeconómica generales. En ese marco, aún quienes consideran que en 2010 Argentina experimentará una reactivación económica –parte de la cual se comenzó a insinuar en los últimos dos meses-, advierten que la recuperación, si es que finalmente se consolida, será lenta. Los municipios, en ese contexto, no podrán escapar a una situación seguramente angustiante: verán transcurrir varios meses entre el repunte de la actividad y su traducción en el flujo de recursos fiscales genuinos, tanto propios como de origen provincial.
Eso, tras un año que cerrará con una brecha del 2,5% entre la coparticipación de impuestos de origen provincial que había sido presupuestada y la que efectivamente llegará, al 31 de diciembre, a las comunas. Vale aquí, con todo, una aclaración: si a esa cuenta se le suman los dineros de los fondos de Inclusión Social, Fortalecimiento de Municipios y Federal Solidario (sojero), más los socorros de ocasión que suponen los aportes de los tesoros nacional y provincial, las remesas alcanzan los niveles originalmente previstos. De todas formas, vale el dato de que sólo así se alcanza el equilibrio.
LAS MEDIDAS.
Ante esa debacle, comenzarán a aplicarse una serie de medidas inéditas, aprobadas por e conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria esta semana, cuando por primera vez en 10 años, el Presupuesto se sancionó en los plazos previstos por la Ley vigente. En conjunto, cambios drásticos en la forma de administrar las comunas, por una parte, y de nuevos remedios financieros, por la otra.
Cinco son las principales: por un lado, los intendentes podrán cambiar el destino de partidas presupuestarias (siempre que no sean para sueldos ni para gastos de capital) sin consentimiento de los Concejos Deliberantes. También podrán cerrar sus ejercicios con déficit, sin recibir sanciones (para lo cual deberán tener el OK del Tribunal de Cuentas previo informe del Ministerio de Economía), accederán a una refinanciación de deuda con la Provincia (incluso de las que haya contraído con terceros con garantía bonaerense) y podrán otorgar a sus proveedores parte de los bonos voluntarios que, por 850 millones de pesos en total, emitirá la Provincia antes de fin de año.