Al pronunciar un nuevo discurso por cadena nacional, la presidenta Cristina Kirchner reiteró la necesidad de pagar deuda externa con reservas del Banco Central. Acusando el tremendo golpe político que significó la pérdida de la mayoría en ambas cámaras del Parlamento, la jefa de Estado denostó con dureza a un "rejuntado opositor" que, de aquí en más, acotará la discrecionalidad en el manejo de las iniciativas que el gobierno logró imponer hasta el momento por vía legal o ilegal.
El matrimonio presidencial durante seis largos años obtuvo la aprobación de las leyes y expidió decretos sin el mínimo consenso y sin atender las observaciones de la oposición, que en muchos casos eran justas: si Cristina Kirchner entiende con razón que el presidente "no cogobierna", tal afirmación no significa que el poder ejecutivo actúe desconociendo que una democracia sana se basa en la discusión civilizada de cualquier iniciativa.
Afortunadamente, (sin que esto signifique un cheque en blanco para la oposición que adolece de serias fallas) ese ciclo despótico ha finalizado como consecuencia de las elecciones parlamentarias del 28 de junio.
Ahora la enorme responsabilidad de enderezar las golpeadas instituciones está en manos de la nueva mayoría legislativa, que como muestra de su madurez ya aprobó, por ejemplo, un dictamen de mayoría para distribuir equitativamente lo recaudado por el impuesto al cheque, una decisión que si se transforma finalmente en ley será recibida por los gobernadores como maná del cielo.
Cristina Kirchner impresionó este jueves al desenvainar una vez más su filosa oratoria, pero nadie cree ya (si alguna vez alguien lo creyó) que sus acusaciones a legisladores, jueces y medios de comunicación provengan de un legítimo interés por el país; el matrimonio gobernante sangra por la herida porque es consciente que llegó a su fin el período de poder omnipotente y que ya no podrán imponer su voluntad imperial; víctima de su propia medicina, deberá ahora y hasta el 2011 entender que ninguna medida de gobierno, por más positiva y saludable que resulte, puede aplicarse sin consulta previa y sin el mínimo acuerdo con los representantes del pueblo y de las provincias.
El matrimonio presidencial durante seis largos años obtuvo la aprobación de las leyes y expidió decretos sin el mínimo consenso y sin atender las observaciones de la oposición, que en muchos casos eran justas: si Cristina Kirchner entiende con razón que el presidente "no cogobierna", tal afirmación no significa que el poder ejecutivo actúe desconociendo que una democracia sana se basa en la discusión civilizada de cualquier iniciativa.
Afortunadamente, (sin que esto signifique un cheque en blanco para la oposición que adolece de serias fallas) ese ciclo despótico ha finalizado como consecuencia de las elecciones parlamentarias del 28 de junio.
Ahora la enorme responsabilidad de enderezar las golpeadas instituciones está en manos de la nueva mayoría legislativa, que como muestra de su madurez ya aprobó, por ejemplo, un dictamen de mayoría para distribuir equitativamente lo recaudado por el impuesto al cheque, una decisión que si se transforma finalmente en ley será recibida por los gobernadores como maná del cielo.
Cristina Kirchner impresionó este jueves al desenvainar una vez más su filosa oratoria, pero nadie cree ya (si alguna vez alguien lo creyó) que sus acusaciones a legisladores, jueces y medios de comunicación provengan de un legítimo interés por el país; el matrimonio gobernante sangra por la herida porque es consciente que llegó a su fin el período de poder omnipotente y que ya no podrán imponer su voluntad imperial; víctima de su propia medicina, deberá ahora y hasta el 2011 entender que ninguna medida de gobierno, por más positiva y saludable que resulte, puede aplicarse sin consulta previa y sin el mínimo acuerdo con los representantes del pueblo y de las provincias.
::: Extraída de la 'Agencia NOVA de Noticias' :::